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AUDITORIA LABORAL DE LEGALIDAD
¿Qué es?
La Auditoría Laboral de Legalidad (ó Auditoría Socio-Laboral) se define como “la actividad realizada por un profesional cualificado e independiente, consistente en analizar, mediante la utilización de las técnicas de revisión y verificación idóneas, la adecuación de una entidad a los principios y normas socio-laborales que le son de aplicación a partir de los documentos examinados y la realidad de las conductas observadas, y tiene como objeto la emisión de un informe dirigido a poner de manifiesto su opinión responsable sobre dicha adecuación, así como la fiabilidad de la información que se desprende de la documentación analizada con el fin de que pueda ser conocida y valorada”.
Áreas de análisis
La auditoría Socio-Laboral se estructura en tres grandes áreas perfectamente definidas por razón de la materia:
- Área de Legalidad, cuyo objeto lo constituye el examen sobre el grado de adecuación a las normas y principios del Derecho Laboral y de la Seguridad Social.
- Área de Recursos Humanos, dedicada a evaluar la gestión de las personas en el entorno laboral.
- Área de Prevención de Riesgos Laborales, dirigida a verificar la eficacia de los sistemas de seguridad y salud de los trabajadores en la empresa.
¿A quién va dirigida la Auditoría Laboral de Legalidad?
- Administradores y Directivos de la propia entidad, por cuanto su resultado les indica si la dirección y control de aquella se ha estado llevando de forma eficiente, al propio tiempo que les proporciona datos fidedignos para la toma de decisiones.
- Propietarios y Accionistas, ya que es una forma de asegurarse que la dirección y el control del negocio se llevan de forma eficiente, de acuerdo con los procedimientos establecidos y conforme a las prescripciones legales.
- Posibles Inversores de capital y entidades de crédito, ya que para invertir en acciones u obligaciones de la entidad, conceder créditos, o para estimar el valor de compraventa necesitan disponer de información de confianza que les permita conocer y valorar los riesgos.
- Administración Pública, interesada en conocer la situación laboral de las entidades cuando pretendan optar a un concurso de obras o suministros, para acreditación del cumplimiento de sus deberes laborales.
- En los Procesos Judiciales en los que se discuta el valor de la entidad (supuestos de valoración de herencias, compra-ventas de acciones o participaciones, separación de socios, asociación y fusiones de empresas, etc.) y en Procedimientos Concursales de viabilidad como coadyuvantes de los administradores concursales.
- Trabajadores y sus legales representantes, como eficaz herramienta para el desempeño de sus facultades de control y seguimiento que les confiere la normativa vigente.
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